Buenos Aires, 2 ene (Prensa Latina) Trabajadores argentinos de la administración pública protestaron hoy contra la decisión del Gobierno de no renovar los contratos firmados después del 1 de enero de 2023.
Mediante los decretos 84 y 77, publicados el 26 de diciembre en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei ordenó, además, la realización de “un relevamiento exhaustivo” del personal admitido antes de esa fecha.
Según el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, se estima que dichas medidas afectarán a más de cinco mil ciudadanos.
Esta jornada, personas perjudicadas por esas disposiciones realizaron asambleas y otras acciones en el ministerio de Economía, las secretarías de Trabajo y Desarrollo Territorial y Hábitat, entre otros lugares, para pedir su reincorporación a esos organismos.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una reunión extraordinaria para analizar las denuncias de cientos de cesantías, sanciones y traslados, y su participación en un paro general convocado para el 24 de este mes.
La insensibilidad de este Gobierno es absoluta. Sin que existan causas justificadas y violando todas las normas, dejan en la calle a miles de familias, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Son empresarios que no conocen el funcionamiento del Estado ni tienen la mínima idea de las necesidades de la gente. Las cesantías injustificadas y los traslados compulsivos empiezan a afectar el funcionamiento de todos los organismos públicos desde las primeras horas de 2024, añadió.